El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) puso en duda los riesgos que, a su juicio, representan para la libertad de expresión y la denuncia ciudadana varias iniciativas promovidas durante la gestión del PRM, y situó el debate en la necesidad de una vigilancia pública frente a normas que podrían limitar críticas y cuestionamientos a funcionarios.
En una rueda de prensa encabezada por su vicepresidente, Yván Lorenzo, la organización mencionó el nuevo Código Penal, la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales como piezas que, entiende, podrían afectar el derecho a difundir ideas y opiniones, tanto de la prensa como de la ciudadanía. Sobre el Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo tres de agosto, Lorenzo sostuvo que las disposiciones sobre difamación, injuria y “ultraje a funcionarios” entran en choque con las garantías del artículo 49 de la Constitución.
El dirigente agregó que esas disposiciones también podrían chocar con criterios del Tribunal Constitucional, que ha descartado en más de una ocasión penas de prisión por delitos vinculados a la expresión de ideas y opiniones. En cuanto a la figura de ultraje a los funcionarios, advirtió que la amplitud de su redacción y las sanciones previstas dejan abierta la puerta a restringir denuncias y críticas contra servidores públicos, en un escenario en el que el PLD también acusa a la PGR de mantener filtraciones y pide mayor vigilancia institucional ante decisiones que impactan derechos fundamentales.