En Alberta, una de las diez provincias de Canadá y también una de las más ricas del país, vuelve a tomar impulso el movimiento separatista, en un momento marcado por cuestionamientos al gobierno central por el uso de las riquezas locales y por decisiones que, según sus promotores, reducen los beneficios que obtiene la provincia. La discusión gira sobre todo en torno al petróleo, el gas y el atractivo turístico de sus parques nacionales, mientras sectores conservadores sostienen que Ottawa se queda con buena parte de esos recursos y Alberta recibe menos de lo que aporta.
Ese separatismo, que además incluye corrientes favorables a la anexión a Estados Unidos, aparece hoy con un nivel de organización mayor que en décadas pasadas. Sus defensores esgrimen el desbalance fiscal, el exceso de control federal sobre el desarrollo energético, la escasa representación política del Oeste frente al peso de Ontario y Quebec, y la demanda de control total sobre los recursos naturales. Todo ello ha reforzado una percepción de desgaste institucional y de distancia entre las decisiones del poder central y las prioridades locales.
Pese a ese avance, el apoyo ciudadano se mantiene entre el 20 % y el 30 %, por lo que por ahora no alcanzaría para imponerse en un referéndum. Aun así, su crecimiento opera como una señal de alerta sobre un malestar político que sigue sin resolverse. En ese panorama, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aparece también como parte del entorno internacional que alienta a un movimiento cuya influencia continúa en ascenso.
