Las advertencias y intimaciones de la Junta Central Electoral no han bastado para frenar el proselitismo a destiempo, dejando al descubierto una falla de control institucional. El comportamiento se mantiene desde que terminó el pasado ciclo electoral y luego de que el presidente Luis Abinader descartara impulsar una reforma constitucional para optar por un tercer mandato.
Pese a que la ley 33-18 fija que la precampaña electoral y las actividades proselitistas comienzan el primer domingo de julio del próximo año, dirigentes del oficialismo y de la oposición han seguido ocupando el espacio público con acciones adelantadas. Aun así, la propia JCE ha asumido con sus actuaciones que las normas vigentes están siendo rebasadas, sin que las advertencias hayan dado resultados efectivos hasta ahora.
Entre los casos observados por el órgano electoral figura el del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que intimó en agosto del año pasado por actos y declaraciones proselitistas antes del período autorizado. La JCE incluso lo calificó como un “hecho manifiestamente notorio”, al señalar que varios miembros del partido oficialista emitieron pronunciamientos públicos de carácter proselitista de forma anticipada, difundidos en medios de comunicación y redes sociales, un contraste que refuerza la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre el respeto a las reglas electorales.