La condena de 20 años de prisión contra tres generales, sumada a penas de entre tres y 15 años para civiles, policías y militares de menor rango en los expedientes Coral y Coral 5G, vuelve a colocar la corrupción pública en el centro del escrutinio. Junto con esas sanciones, el tribunal ordenó el decomiso de 422 bienes muebles e inmuebles valorados en 5,000 millones de pesos y el pago de 400 salarios mínimos, en un proceso que ya funciona como vara para medir el avance del resto de los casos.
Ese fallo también eleva la presión sobre los expedientes de similar o mayor alcance que siguen abiertos, en medio de una discusión pública atravesada por tácticas dilatorias y triquiñuelas que se atribuyen a abogados defensores en distintos procesos. En ese marco, la actuación del Ministerio Público, encabezada por Yeni Berenice Reynoso, Wilson Camacho y su equipo, queda sometida a una exigencia mayor: sostener este precedente y evitar que otros casos terminen en impunidad.
Entre los procesos mencionados están el de la EDE, donde Maxy Montilla, cuñado del expresidente de la república Danilo Medina, aceptó devolver 3 mil millones de pesos al Estado y colaborar con las investigaciones, además de los de Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y compartes, Intrant, SENASA y el Oncológico de Santiago. La señal que deja Coral y Coral 5G no cierra la discusión; la traslada a la rendición de cuentas que todavía falta en los demás expedientes.