El Gobierno dominicano puso sobre la mesa un paquete de medidas para hacer frente a la crisis internacional asociada al conflicto bélico de Estados Unidos e Israel con Irán, sostener la estabilidad macroeconómica y preservar el crecimiento. Sin embargo, el propio diseño del plan expone ahora los dilemas que recaen sobre la población: inflación, una posible ralentización de la economía y el riesgo de un mayor déficit fiscal.
Entre las acciones previstas está el congelamiento de los precios de los combustibles por un periodo específico, siempre que el barril de petróleo WTI se mantenga entre US$90 y US$100. Al mismo tiempo, el documento plantea una compresión de gastos no esenciales, con una reorientación estimada entre RD$30,000 y RD$40,000 millones, lo que deja bajo la lupa qué partidas serían recortadas y de qué manera se protegerían las funciones críticas del Estado.
En materia de ingresos, la propuesta busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones mediante un esquema que, según se indica, procura preservar la equidad y la estructura productiva básica. Así, el plan abre un frente de fiscalización sobre la capacidad real del Gobierno para equilibrar sostenibilidad fiscal y sensibilidad social, sin que el peso de la crisis termine concentrándose en los ciudadanos.