La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo viernes, a las 2:00 de la tarde, el fallo sobre la medida de coerción contra los implicados en la Operación XL526, un expediente que vuelve a poner bajo la lupa la solidez de los casos presentados por el Ministerio Público en procesos de alto impacto.
El órgano acusador solicita un año de prisión preventiva para los 10 imputados, a quienes señala de integrar una supuesta red dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a dominicanos residentes en Estados Unidos. No obstante, al término de la audiencia, abogados de la defensa cuestionaron la acusación y afirmaron que las evidencias aportadas no alcanzan para sustentar medidas privativas de libertad.
Elvin Domínguez, abogado de varios de los acusados, sostuvo que las pruebas son «certificantes, pero no vinculantes» y dijo que no hay testigos directos ni víctimas identificadas que vinculen de forma específica a sus representados con los hechos atribuidos. José Reynoso, defensor de otros encartados, también señaló debilidades en el expediente y alegó que las supuestas víctimas no están debidamente identificadas.
Mientras el Ministerio Público atribuye a los imputados la integración de una organización criminal de carácter internacional con base operativa en Jacagua, Santiago, la audiencia dejó expuesto el contraste entre la gravedad de la imputación y los reparos sobre la capacidad de sostenerla con pruebas directas.