Las condenas emitidas esta semana en el caso Coral y Coral 5G devolvieron al centro del debate una de las respuestas más citadas del poder frente a las denuncias por el manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores advertían irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina recurrió a esa frase, que sus seguidores usaron después para defender que la gestión estaba libre de actos ilícitos.
La decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional coloca ahora ese discurso en un plano muy distinto. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al hallarlos culpables de integrar una estructura de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
A eso se suman penas de 10 años de prisión para Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores. Más que cerrar un expediente, la sentencia vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia del uso de los fondos públicos y el costo institucional de desoír a tiempo las alertas sobre corrupción.