La madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a los generales Adan Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, al encontrarlos culpables, junto a otros nueve imputados, de corrupción administrativa en los casos Coral y Coral 5-G. En total, el tribunal repartió 166 años de prisión en una decisión que marca un precedente por involucrar a oficiales militares de alto rango y cercanos al poder político.
El fallo también ordenó el pago de cinco mil millones de pesos en favor del Estado dominicano como compensación por los daños civiles, morales y reputacionales causados a instituciones como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur). Más que una noticia para celebrar, la sentencia vuelve a poner bajo escrutinio el alcance del deterioro institucional que permitió estos hechos y refuerza la demanda de controles efectivos sobre estructuras sensibles del Estado.
La decisión se suma a la condena dictada en agosto del año pasado por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina Sánchez, hallado culpable de corrupción administrativa y condenado a siete años de prisión. En ese contexto, el mensaje central no es solo el castigo judicial, sino la magnitud de una práctica que obliga a mantener la fiscalización y la rendición de cuentas como prioridad pública, cuando todavía falta mucho por hacer para adecentar la vida pública.