La Operación Onco14, ejecutada en Santiago como extensión de Operación Cobra, volvió a colocar bajo escrutinio el manejo de fondos y servicios vinculados a SeNaSa. Según la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) operó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, en el que dosis de medicamentos de alto costo se facturaban completas al seguro, pero eran retenidas o suministradas a medias a los pacientes.
La investigación sostiene que, tras el cambio de administración en el centro, fueron encontrados almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones, retenidos deliberadamente. El documento indica que esos fármacos no se entregaban porque, al ser donados o asignados de forma directa, no permitían generar el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas que se enviaban a SeNaSa, un contraste que agrava el impacto sobre pacientes que dependían de esos tratamientos.
El expediente también atribuye al grupo otras irregularidades, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se señala una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. El caso, que las autoridades vinculan a un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones en la trama destapada por Operación Cobra, reabre la presión por rendición de cuentas y vigilancia efectiva sobre instituciones que administran recursos esenciales de salud.