El Senado recibió un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para crear un sistema de integridad y transparencia con el que, según la propuesta, se buscaría evitar la corrupción en las instituciones gubernamentales. La iniciativa plantea suprimir la actual Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y reemplazarla por la Dirección de Integridad, Transparencia y Ética Gubernamental, cuyo incumbente sería designado por un periodo de cuatro años.
Segun la explicación ofrecida por la actual directora de la Dirección de Ética, Milagros Ortiz Bosch, el cambio persigue crear una institución autónoma y descentralizada, con una capacidad financiera y administrativa que la estructura vigente no tiene. No obstante, el proyecto también amplía de forma significativa sus responsabilidades y competencias, al otorgarle potestad para adoptar medidas que castiguen o induzcan al cumplimiento de los funcionarios de entidades del Poder Ejecutivo. Entre esas facultades figura un régimen sancionador administrativo que permitiría destituir empleados públicos, inhabilitarlos temporalmente para ocupar cargos en el Estado hasta por cinco años, imponer multas de hasta 30 salarios mínimos por faltas graves y ordenar suspensiones de hasta 60 días sin disfrute de sueldo, además de amonestaciones escritas públicas o privadas.
La propuesta coloca así en el centro del debate no solo el discurso de transparencia del Gobierno, sino también el alcance real de la nueva estructura y el nivel de control que concentraría dentro del propio aparato oficial.