SANTIAGO DE CHILE. – El Gobierno de José Antonio Kast informó que está revisando las pensiones de gracia otorgadas por administraciones anteriores a víctimas de la represión policial durante las protestas de 2019, una decisión que se conoció públicamente solo después del arresto de un joven por un presunto delito de tráfico de drogas que hasta enero recibía ese beneficio estatal.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que el análisis comenzó en marzo, al inicio del mandato, y lo presentó como una «mínima responsabilidad» sobre los recursos entregados por gracia presidencial. Sin embargo, el caso que detonó la divulgación de la revisión expone preguntas sobre los criterios de control, la transparencia del proceso y las razones por las que al joven le fue retirada la pensión, algo que, según el propio Gobierno, aún se desconoce.
De acuerdo con la prensa local, el joven había resultado herido de bala en una manifestación en 2019 en Ovalle, lesión que le provocó una fractura en el pubis. Por ese hecho, un capitán de Carabineros fue condenado en 2022 a seis años de prisión por homicidio frustrado. En ese contexto, la revisión también se produce en medio de la línea política de Kast, quien ha calificado las protestas como «estallido delictual» y ha reconocido que estudia indultar a militares y policías condenados por la represión, un contraste que vuelve a colocar el foco sobre las prioridades oficiales frente a las secuelas del estallido social.