LIMA. – Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y 2023 en Perú rechazaron el virtual triunfo de Keiko Fujimori y volvieron a colocar en el centro del debate las acusaciones de blindaje político e impunidad por las muertes registradas durante la represión. La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas de 2022 y 2023, que reúne a las 49 víctimas mortales y a decenas de heridos, realizó este martes un plantón frente al Palacio de Justicia para exigir justicia por los hechos ocurridos durante las manifestaciones contra Dina Boluarte y en demanda de la liberación de Pedro Castillo.
Milagros Samillán, vocera del grupo y cuyo hermano murió en Juliaca mientras auxiliaba a heridos en una protesta, señaló que no aceptarán “un gobierno de la hija de un dictador” y afirmó que, desde las masacres ocurridas hace tres años, las familias han marchado sin obtener respuestas. Según explicó, el partido de Fujimori blindó a Boluarte y a los ministros que estaban en funciones durante la represión.
Además, los manifestantes denunciaron que, desde el Congreso, el fujimorismo ha impulsado leyes destinadas a favorecer la impunidad de policías y militares señalados por las muertes. Ante las fotografías de fallecidos en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Junín y Macusani, insistieron en que Fujimori no los representa y advirtieron que continuarán las movilizaciones para exigir que no se cierre el paso a la justicia ni se consolide el blindaje a los responsables.