SANTO DOMINGO. – El curso del proceso penal contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria en medios digitales vuelve a colocar bajo vigilancia señalamientos que alcanzaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a supuestas actuaciones irregulares ligadas a contratistas del Estado. El expediente, que podría derivar en su extradición y en una comparecencia obligatoria ante tribunales dominicanos, fue impulsado por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio difundió en redes sociales contenidos en los que asociaba a Mauad con presuntas influencias dentro del MOPC, además de supuestas irregularidades. La denuncia afirma que esas acusaciones no tenían respaldo, fueron difundidas públicamente para perjudicar la reputación y credibilidad de los denunciantes e incluyeron alusiones a la esposa del empresario, con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La acción se presentó con base en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes sostienen que las expresiones atribuidas a Rubio fueron más allá de la opinión y pasaron a ser imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente incorpora una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la necesidad de esclarecer en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.