Otras regiones

Una condena por trata en Santiago reabre el foco sobre redes que captan con falsas ofertas de empleo

julio 14, 2026 · Redactor
Una condena por trata en Santiago reabre el foco sobre redes que captan con falsas ofertas de empleo
Foto: listindiario.com

La pena de 15 años impuesta al acusado pone de relieve el costo social de un caso en el que dos mujeres colombianas fueron trasladadas al país bajo engaño y luego obligadas a prostituirse.

La sentencia de 15 años de prisión dictada en Santiago contra Alexander Antonio Rodríguez, conocido como Mello Cotorra, por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes no cierra el expediente: vuelve a poner en primer plano cómo operan estas redes hasta consumar el abuso, con víctimas captadas mediante engaños y trasladadas al país con supuestas ofertas de trabajo.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago lo declaró culpable de violar los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, tras establecerse por parte del Ministerio Público que introdujo al país a dos ciudadanas colombianas y, una vez en territorio dominicano, las obligó a ofrecer servicios sexuales, además de golpearlas e intimidarlas para cobrarles una presunta deuda económica.

De acuerdo con el expediente, los hechos se iniciaron en septiembre de 2023, cuando una de las víctimas contactó por teléfono a Rodríguez, quien le prometió empleo como camarera para mejorar su situación económica. Luego hizo el mismo ofrecimiento a una segunda víctima. Según la acusación, el procesado realizó desde Medellín, Colombia, las gestiones para traerlas al país y viajó junto a ellas el 14 de enero de 2024 por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

La investigación, presentada por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, y litigada en juicio por la fiscal Aida Medrano Gonell, permitió individualizar al acusado y lograr su condena. Aun así, el caso deja abierta una pregunta institucional de fondo: si el esquema de captación, traslado e intimidación pudo ejecutarse, la respuesta penal llegó después de que el daño ya se había consumado para las víctimas.

La sentencia impone una sanción concreta, pero también refuerza la necesidad de mayor vigilancia y rendición de cuentas frente a un delito que combina manipulación, movilidad transnacional y explotación. Cuando la intervención del sistema llega después del engaño, del ingreso al país y de la violencia, el costo social ya lo asumieron las víctimas.