Participación Ciudadana advirtió sobre el deterioro interno del Poder Judicial tras la división generada por reclamos de mejores condiciones laborales, denuncias sobre el manejo de recursos y el anuncio de un paro de labores para el 21 de mayo. La organización afirmó que las demandas de jueces y servidores judiciales son legítimas, aunque insistió en que la situación exige redefinir prioridades y abrir un diálogo entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces.
La entidad enfatizó la necesidad de control institucional al considerar indispensable que el Consejo del Poder Judicial y su presidente rindan cuentas frente a los cuestionamientos sobre el uso de los recursos. En esa misma línea, solicitó una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana para aclarar cualquier duda sobre el manejo administrativo.
Participación Ciudadana advirtió además que la fractura interna puede debilitar la independencia de la justicia y favorecer intereses ajenos a su función constitucional. También lamentó que la crisis estalle cuando el Consejo Nacional de la Magistratura debe evaluar a 11 jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente, por lo que expresó su esperanza de que esta coyuntura no interfiera con ese proceso institucional.