El Servicio Regional de Salud Ozama (SRS Ozama) reaccionó a un reportaje publicado con base en registros de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Contraloría General de la República, y sostuvo que solo uno de los ocho contratos de alquiler identificados corresponde realmente a un almacén.
La entidad indicó que los demás espacios funcionan como centros y supervisiones en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, al responder así, dejó sin aclarar aspectos clave para la fiscalización pública: el costo total de esos contratos, los criterios usados para alquilar esos inmuebles y qué resultados concretos aportan a la gestión sanitaria.
La aclaración del SRS Ozama no desmonta por sí sola la pregunta de fondo planteada por el reportaje: por qué la institución mantiene ocho alquileres y cuál es la justificación operativa y financiera de esa red de locales. En un servicio regional de salud, la transparencia sobre el uso de recursos y la eficiencia del gasto es un asunto de interés ciudadano, especialmente cuando se trata de contratos de arrendamiento sostenidos con fondos públicos.
La entidad no ofreció en su respuesta detalles sobre montos, duración de los contratos ni mecanismos de supervisión que permitan evaluar si la estructura de alquileres responde a una necesidad real o a una carga administrativa evitable. Tampoco explicó si existe un plan para revisar, consolidar o racionalizar esos espacios.
En ese contexto, la aclaración oficial corrige una parte del señalamiento inicial —la supuesta existencia de ocho almacenes—, pero mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre el resto de los contratos y sobre el impacto efectivo de esos gastos en la prestación del servicio de salud en el Gran Santo Domingo.