La Comisión Especial del Senado concluyó el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una propuesta que vuelve a evidenciar la distancia entre el discurso de reforma y la necesidad de controles verificables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y uso de recursos.
Franklin Romero, presidente de la comisión, explicó que durante el proceso se revisaron y modificaron varios artículos con el propósito de fortalecer la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos ajustes, el proyecto ratifica que el presidente de la República ejercerá el mando supremo de la Policía Nacional, de forma directa o mediante el Ministerio de Interior y Policía, un punto que, más que cerrar la discusión, eleva la responsabilidad política del poder civil sobre los resultados de la reforma.
La iniciativa también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, aplicaría pruebas de integridad al personal, controlaría el manejo de información reservada y rendiría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. Ese alcance de facultades refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también confirma la magnitud de los controles pendientes y la obligación de fiscalización desde el Congreso y la sociedad civil.
Asimismo, el texto fortalece las funciones del Consejo Superior Policial, al sumarle competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. A ello se agrega la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, limitando ese servicio a instituciones públicas y estableciendo sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
Más que un punto de llegada, el cierre del estudio en el Senado deja abierta una pregunta de fondo: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, ahora deberá demostrar que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.