La decisión del Consejo Nacional de la Magistratura sobre los seis nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, incluido su presidente, cerró un proceso que había estado marcado por una campaña controversial para impulsar a un candidato señalado por su cercanía con el presidente Luis Abinader. El hecho de que esa candidatura no prosperara reduce la presión política inmediata, pero no borra las dudas que dejó un debate atravesado por especulaciones sobre la influencia del poder en una institución llamada a garantizar equilibrio y controles.
El propio texto de origen admite que alrededor de esa postulación se movieron juristas amigos, tradiciones de confianza presidencial y gestiones para despejar inquietudes del mandatario, incluso con la eventual no objeción de expresidentes como Leonel Fernández y Danilo Medina. Más que una simple anécdota de pasillos, el episodio retrata hasta qué punto la justicia sigue expuesta a lecturas políticas que obligan a reforzar la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas del gobierno dominicano y del liderazgo que encabeza Abinader. Que el desenlace sea presentado como una muestra de institucionalidad no elimina el contraste entre discurso y realidad: si hubo una campaña intensa, controversia pública y necesidad de despejar sospechas, el problema institucional existió.
Por eso, más que celebrar sin reservas, el momento exige fiscalización sostenida sobre el CNM, el Congreso y el resto de los actores del sistema, en un país donde la transparencia y la fortaleza del Estado siguen siendo parte central de la discusión política sobre el presente del PRM y las alternativas de futuro que la oposición, incluida la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, busca capitalizar.