Brooklyn High Rise LLC deberá pagar US$352,250 en multas y restitución luego de que una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, determinara que la empresa utilizó antecedentes judiciales de vivienda para rechazar solicitudes de alquiler y cobrar depósitos que en numerosos casos no fueron devueltos. El caso vuelve a poner el foco sobre el costo real que pagan los ciudadanos cuando fallan los controles y una práctica prohibida logra sostenerse durante años.
La Oficina del Fiscal General de Nueva York estableció que entre el 15 de julio de 2019 y el 5 de septiembre de 2025 la compañía obtuvo registros de casos judiciales entre propietarios e inquilinos y, con base en esa información, negó ilegalmente vivienda a 203 solicitantes. Esa práctica había sido prohibida en 2019 por la Ley de Estabilidad de Vivienda y Protección del Inquilino de Nueva York, que presume ilegal el rechazo cuando un propietario accede a esos antecedentes y luego niega la solicitud, salvo que pruebe otra causa.
La investigación comenzó en mayo de 2025, después de que se detectara que el agente inmobiliario seguía solicitando informes de verificación de antecedentes a un proveedor externo que incluía historiales judiciales de vivienda. Como parte del acuerdo, Brooklyn High Rise deberá eliminar de sus formularios cualquier pregunta sobre antecedentes judiciales y penales, dejar de obtener historiales judiciales de arrendadores e inquilinos anteriores y capacitar a sus agentes y empleados sobre normas de vivienda justa y prohibiciones contra listas negras. El expediente también detectó que la empresa retenía depósitos de hasta US$750, una práctica que agrava el impacto sobre quienes ya habían sido excluidos del acceso a vivienda.