La llegada a República Dominicana del primer traslado de nacionales de terceros países desde El Paso, Texas, puso bajo la lupa el memorando suscrito el 12 de mayo de 2026 entre los gobiernos de Estados Unidos de América y la República Dominicana. El texto, al que Acento tuvo acceso, regula la recepción de personas deportadas por Washington y entra en aplicación este sábado, en un escenario que vuelve central la rendición de cuentas sobre cómo el Gobierno dominicano administrará una decisión con impacto institucional.
El entendimiento fija una meta preliminar de no más de 30 personas al mes y aclara que no genera obligaciones respecto al desembolso o compromiso de fondos para el traslado, pero el propio documento deja ver un desafío directo para la capacidad del Estado. La República Dominicana se reserva la facultad soberana de evaluar cada propuesta de traslado de forma individual y decidir, a su discreción, si acepta o no a la persona identificada; además, puede expedir un salvoconducto de entrada y autorizar la permanencia por el tiempo que considere prudente, sin renunciar a la aplicación de la ley de migración dominicana.
Ese margen de decisión convive con deberes sensibles: no someter a las personas deportadas a persecución ni a tortura, no enviarlas a un tercer país donde enfrenten ese riesgo y ofrecerles al llegar información sobre cómo solicitar la condición de refugiado o asilo bajo la legislación dominicana. El contraste entre esos compromisos y la disponibilidad real de recursos públicos, la seguridad nacional y la transparencia frente a la sociedad dominicana mantiene abierta una alerta institucional sobre la capacidad de ejecución, la vigilancia ciudadana y las explicaciones pendientes del Gobierno sobre el alcance real de este acuerdo.