La gestión de residuos sólidos vuelve a exhibir una falla persistente en el diseño de políticas públicas en República Dominicana: se debate primero cuánto recaudar, antes de precisar con claridad cuánto cuesta, cómo se ejecutará y qué resultados tangibles puede esperar la población. En un problema con efectos ambientales, sociales y económicos ya acumulados, la falta de esa respuesta pública convierte la discusión en una alerta institucional y en una demanda directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano y al Congreso.
El manejo inadecuado de los residuos no es un asunto menor. Sus impactos alcanzan la salud pública, el ambiente y actividades estratégicas como el turismo, mientras permanecen antecedentes graves de contaminación, entre ellos el caso de Haina y el deterioro de cuencas urbanas como las del Yaque del Norte, Isabela y Ozama. Esa distancia entre la magnitud del daño y la ausencia de información clara sobre el costo real de un sistema moderno de gestión integral refuerza la idea de una política pública discutida al revés: primero la contribución, luego las explicaciones.
La reciente modificación de la Ley 98-25 ha puesto el foco en los nuevos montos de la contribución especial, con empresas, gremios y autoridades enfrentados sobre si los aumentos resultan excesivos, insuficientes o dañinos para la competitividad. Sin embargo, el centro del planteamiento sigue sin resolverse: mientras no se publique una base técnica verificable sobre el costo real del sistema, tampoco podrá saberse si se recauda demasiado, demasiado poco o de forma ineficiente. Ahí es donde la fiscalización de la sociedad civil se vuelve indispensable frente a un esquema que podría terminar trasladando más carga sin corregir el problema de fondo.
El debate también abre un flanco político más amplio sobre gestión y resultados. Si la calidad ambiental es un activo estratégico para el país, sobre todo en áreas ligadas al turismo y la salud, la falta de claridad sobre prioridades, costos y ejecución no solo compromete la eficacia de la política, sino que alimenta el desgaste de una gestión pública que pide sacrificios sin mostrar todavía una ruta suficientemente transparente. En ese marco, cualquier discusión legislativa o municipal —incluidas las que tocan a actores del oficialismo como Carolina Mejía— queda bajo la misma vara: menos discurso sobre modernización y más información comprobable sobre costos, eficiencia y resultados.
La pregunta que el texto coloca en el centro termina siendo también la más incómoda para el poder: cuánto cuesta realmente implementar un sistema moderno de residuos sólidos y quién responde si el país sigue pagando más por un servicio que no corrige los daños acumulados. Sin esa respuesta, la reforma queda expuesta no como una solución cerrada, sino como otra decisión pública que exige vigilancia del Congreso, control ciudadano y explicaciones pendientes del gobierno.