Un informe respaldado por especialistas en alimentación sitúa a República Dominicana en el indicador de que el hambre dejó de prevalecer, un resultado que la FAO atribuye al compromiso social del Gobierno, al campesinado productivo y a grupos organizados contra la desnutrición. Sin embargo, el dato, presentado como conquista, no clausura la discusión: más bien obliga a revisar si el discurso oficial se corresponde con la realidad alimentaria que aún enfrentan amplios sectores.
El propio enfoque recogido en el texto advierte que superar estadísticamente la pobreza alimentaria en su nivel más elemental no alcanza. Persisten daños sociales vinculados a ingestas insuficientes o de baja calidad, mientras la obesidad —también una forma de malnutrición— aparece como desafío entre la población infantil. A ello se suma la exposición de familias a alimentos ultraprocesados y la falta de información suficiente sobre sus efectos, en un entorno en el que esos productos desplazan opciones saludables.
La principal alarma institucional está en el costo de la vida. El mismo análisis apunta que salarios mínimos promedio inferiores al ingreso necesario para cubrir ese costo pueden estar empujando a una parte importante de la población a dificultades para sostener una alimentación adecuada y constante, sobre todo cuando se registran alzas de precios. En ese contraste entre celebración y carencias cotidianas queda abierto el punto central de rendición de cuentas para Luis Abinader y el Gobierno dominicano: convertir un avance reconocido en resultados estables para las familias, y no en una meta estadística desconectada de su mesa.