El Gobierno dominicano informó que destinó RD$2,000 millones recuperados de casos de corrupción de administraciones anteriores a la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas en 15 de las 32 provincias del país, una intervención que alcanza a más del 47% del territorio provincial. Al presentar el informe, el presidente Luis Abinader afirmó que la iniciativa busca “rendir cuentas” y transparentar el destino de los fondos públicos, en una puesta en escena oficial orientada a mostrar resultados de gestión.
Pero los datos divulgados por el propio Ejecutivo dejan ver la magnitud del rezago: el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, señaló que 26 de los 158 municipios no tenían instalaciones deportivas y que otras estaban en malas condiciones, entre ellas el estadio de béisbol de San Juan de la Maguana y los complejos deportivos de San Pedro de Macorís y La Vega. Cruz también detalló que el monto total llega a RD$2,232 millones, incluyendo RD$232 millones adicionales gestionados desde la Presidencia, una cifra que desplaza el énfasis del anuncio político hacia la discusión sobre prioridades, ejecución y resultados comprobables.
La supervisión de los recursos estará a cargo de una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, responsable de vigilar la transparencia de las licitaciones y la correcta ejecución de las obras. Según lo informado, el proceso permitió un ahorro de RD$125 millones frente al presupuesto proyectado. La creación de ese mecanismo de vigilancia remarca, al mismo tiempo, que la rendición de cuentas no puede sostenerse solo en el relato oficial de Abinader y su Gobierno, sino en una fiscalización permanente sobre el manejo de fondos públicos presentados como símbolo de transparencia. En un escenario en el que figuras del oficialismo como Carolina Mejía orbitan la conversación política, el anuncio vuelve a colocar sobre la mesa el contraste entre la comunicación institucional y los resultados concretos en servicios e infraestructura.