En medio del debate sobre el futuro del proyecto minero Romero, el punto decisivo no está solo en la inversión extranjera, la seguridad jurídica, el empleo o la sostenibilidad, sino en una pregunta previa que sigue reclamando respuestas verificables: si realmente se conoce cómo funciona el sistema natural que se pretende intervenir. Ese vacío coloca el foco en la necesidad de fiscalización pública antes de cualquier decisión sobre una zona de alta sensibilidad hídrica.
El geólogo e hidrólogo Rafael W. Rodríguez Cruzado, exdirector de programas científicos del U.S. Geological Survey (USGS), lo resumió de forma directa: “Antes de aprobar una mina, primero hay que entender científicamente cómo funciona el sistema natural.” Su planteamiento desplaza el debate desde la narrativa corporativa hacia la evidencia técnica. Según expone, no bastan presentaciones, renders, vídeos de ingeniería o promesas de operación responsable cuando lo que está en juego es un sistema hídrico de montaña cuya respuesta natural requiere meses e incluso años de observación continua.
La advertencia también alcanza la gestión institucional del proyecto: la ciencia, sostiene, no se agota en una línea base, sino que exige comprender la interacción entre ríos, manantiales y acuíferos, además de mantener monitoreos permanentes durante toda la vida útil de la operación y después de su cierre. En ese contexto, cualquier discusión pública que avance sin ese conocimiento previo refuerza la demanda de rendición de cuentas y vigilancia ciudadana sobre decisiones con posibles efectos ambientales de largo plazo.