Los nueve procesos por corrupción administrativa y crimen organizado que cursan en el Distrito Nacional mantienen bajo escrutinio un presunto fraude superior a RD$82,000 millones contra el Estado, una dimensión que vuelve a colocar en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre hechos que habrían impactado a más de 30 instituciones públicas. Aunque en los expedientes se reportan avances, el propio curso de los casos sigue marcado por incidentes y aplazamientos.
Según las estadísticas citadas sobre las operaciones realizadas por el Ministerio Público entre 2020 y 2026, de 182 personas físicas sometidas por la PEPCA, dos fueron absueltas con sentencia definitiva, una fue favorecida con auto de no ha lugar, dos obtuvieron suspensión condicional y tres figuran con estatus de casos cerrados. En ese conjunto se investigan imputaciones que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Las próximas fechas serán clave para medir si esos expedientes se traducen en decisiones de fondo. El 29 de mayo en curso, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo sabrán si van a juicio de fondo, mientras que el 15 de julio oficiales del caso Coral conocerán sentencias. En paralelo, el proceso donde Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez figuran como principales imputados sigue abierto en apelación, pese a que ya se dictó sentencia condenatoria, una señal de que el avance judicial todavía convive con tramos pendientes en casos de alto impacto institucional.