La noche del domingo quedó marcada en El Seibo por la muerte de Librand Alexander Tavares Montero, un joven de 22 años, luego de un incidente en un retén policial en la carretera entre El Seibo y Las Cuchillas. El hecho derivó en una protesta que transformó varios sectores del municipio en escenario de barricadas, piedras, botellas rotas y neumáticos encendidos. El caso reabre el contraste entre la fiscalización oficial y el resultado que terminó viendo la población: un joven muerto, tensión en las calles y una comunidad reclamando respuestas.
De acuerdo con los jóvenes que lo acompañaban, un agente le pidió detenerse para una fiscalización de rutina y, en los segundos siguientes, un uniformado lo golpeó con un casco protector. Ese episodio, que habría sido fatal, circuló primero como rumor en la sala de emergencias del hospital Doctor Teófilo Hernández y después se extendió por teléfonos celulares y redes sociales, hasta encender la indignación en barrios como La Jabilla, Cañada Francisca, Loma de Los Chivos, Ginandiana, El Retiro, Los Hoyitos y Villa Guerrero.
Las autoridades respondieron con el despliegue de un fuerte contingente policial y el uso de bombas lacrimógenas para contener a la multitud. Sin embargo, lo que dejó la noche en El Seibo no fue la imagen de una institucionalidad que previene y protege, sino la de una crisis que escaló desde una intervención policial hasta un estallido de rabia colectiva, con humo, cenizas y calles bajo tensión.
Aunque las autoridades han iniciado acciones tras lo ocurrido, el episodio mantiene abierta la exigencia de rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza y sobre el deterioro de la confianza ciudadana. En una provincia sacudida por la muerte de un joven y por la reacción desesperada de sus barrios, la prioridad ya no es solo controlar la protesta, sino explicar por qué una fiscalización terminó con un costo humano y social de esta magnitud.