El presidente Luis Abinader promulgó este jueves la Ley 30-26 de medidas pro-crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, luego de su aprobación en el Congreso Nacional. La legislación impactará a ciudadanos y empresas y fue sustentada por el oficialismo como una herramienta para promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el crecimiento económico y social del país.
El texto también plantea fortalecer el manejo responsable de los recursos públicos y el cumplimiento tributario sobre la base de los principios de equidad, progresividad y capacidad de pago. Bajo ese argumento, la ley pone en primer plano la necesidad de seguimiento público a cómo se aplicarán esas disposiciones y qué efectos concretos tendrán sobre los contribuyentes y la actividad económica. La pieza legislativa fue presentada además como parte de una estrategia para preservar la estabilidad fiscal y económica, mantener la confianza en las instituciones y sostener la generación de empleos en medio de la incertidumbre económica y financiera internacional.
Con esa justificación, el debate queda trasladado a la ejecución: si las medidas realmente fortalecen la disciplina fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la previsibilidad en la gestión económica, o si el discurso oficial vuelve a chocar con las presiones que enfrentan ciudadanos y empresas.