El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2027 fue depositado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional el pasado 23 de septiembre con una señal de alerta sobre las finanzas públicas: de cada RD$100 que el Estado proyecta recaudar a través de la DGII, RD$84.3 ya estarían comprometidos en pago de intereses de la deuda y asignaciones a educación y salud. El propio dato oficial expone un margen estrecho para atender otras prioridades, entre ellas las soluciones habitacionales.
La advertencia fue presentada por Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Digepres, durante el Seminario Vivienda y Hábitat celebrado el 30 de octubre en el hotel Catalonia. Allí explicó que el peso del servicio de la deuda y las restricciones fiscales reducen la capacidad de ampliar intervenciones estatales en vivienda. Según detalló, entre 2021 y 2025 los renglones de vivienda y servicios comunitarios representaron en promedio el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % del período anterior. Jovine también informó que el gasto devengado en esa función pasó de RD$9,678 millones en 2014 a aproximadamente RD$45,349 millones en 2025, aunque precisó que esa partida no corresponde solo a programas habitacionales o vivienda social, sino también a agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
Con ese cuadro, el debate presupuestario en el Congreso queda atravesado por una presión de fondo: cómo rendir cuentas sobre un presupuesto cada vez más comprometido mientras persisten necesidades básicas que siguen compitiendo por recursos limitados.