La clausura de una fábrica clandestina de cartón en San Antonio de Guerra volvió a evidenciar fallas de fiscalización sobre actividades que operaban sin permisos y con combustible almacenado al margen de la ley. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el establecimiento, denominado “Fábrica Cartesa”, no tenía el Certificado de Uso de Suelo ni autorizaciones para sus operaciones comerciales, y además había contratado de forma irregular a personal extranjero.
En la inspección técnica, miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) desmantelaron un almacén de combustibles que operaba de manera clandestina y fuera de las regulaciones exigidas por la Ley No. 112-00 de Hidrocarburos. Allí se decomisó un tanque con capacidad de 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor estimado en RD$2,250,000.
El operativo tuvo el respaldo de la Dirección General de Migración (DGM), que comprobó el estatus de los extranjeros de origen asiático, mientras el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) detuvo la obra por violaciones a la Ley 687-82 sobre Reglamentos Técnicos para la Preparación y Ejecución de Proyectos. Aunque el MICM reiteró, a través de Eduardo Sanz Lovatón, que el país está abierto a la inversión extranjera dentro del marco legal, el resultado fue una operación que avanzó sin controles básicos hasta desembocar en una clausura oficial.