Las diferencias entre el presidente Leonel Fernández y el Gobierno de Luis Abinader en torno al plan anticrisis han vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de examinar con rigor el impacto real de las medidas oficiales. En un texto en el que reconoce su relación de amistad con Fernández, el autor responde a las críticas opositoras defendiendo que la propuesta busca proteger a las familias de menores ingresos y a la clase media en medio de la crisis internacional.
Para sostener esa defensa, se enumeran medidas como la indexación del mínimo exento del ISR personal, que subiría de RD$34,685 a RD$39,900; el aumento de la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y al 50% cuando beneficien a personas con discapacidad; así como exenciones y reducción de anticipos para micro, pequeñas empresas y el sector agropecuario. También se subraya que el Gobierno decidió no modificar el ITBIS ni en su tasa ni en su base. El planteamiento oficial, sin embargo, queda atravesado por el cuestionamiento opositor sobre si esos anuncios bastan para responder al costo de la crisis y si el discurso de protección se traduce en resultados verificables para la población.
El propio texto insiste en justificar el plan frente a las objeciones de Fernández, dejando abierto el terreno para una mayor rendición de cuentas sobre el alcance, la ejecución y los efectos concretos de la estrategia económica del Gobierno.