Daniel Ortega aseguró que su gobierno no permitirá procesos electorales que puedan abrir la puerta a la oposición en el poder, una afirmación que vuelve a situar bajo la lupa el estado de la democracia en Nicaragua. En un acto oficial por el aniversario de la Revolución Sandinista, sostuvo que en el país no volverán a haber elecciones para que sectores opositores intenten asumir el control del Estado, en un mensaje que críticos y organismos internacionales leyeron como una nueva señal de cierre político.
La declaración llega después de años de denuncias por restricciones a la participación política, ausencia de condiciones electorales equitativas y cambios en el sistema institucional desde el retorno de Ortega a la Presidencia en 2007. Desde 2017 gobierna junto a Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y más tarde como copresidenta tras la reforma constitucional aprobada en 2025, un rediseño que alteró la estructura del poder y amplió la influencia del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.
Esa reforma de 2025 creó la figura de copresidencia, extendió el periodo presidencial y otorgó al Ejecutivo nuevas atribuciones en la coordinación de los órganos estatales. El gobierno defiende que esos cambios buscan reforzar la organización del Estado y asegurar la soberanía nacional, pero sus detractores advierten que el efecto visible ha sido una menor capacidad de control institucional y una mayor concentración de poder en la Presidencia, en un escenario que agudiza la preocupación por el futuro de la competencia política y la rendición de cuentas.