Santo Domingo, RD.- La aprobación de la Ley 98-25, que modifica la 225-20, reordena el esquema de gestión de residuos sólidos en República Dominicana con un cambio de fondo: deja atrás el aporte fijo de veinte pesos por habitante previsto para financiar a los ayuntamientos y establece, en su lugar, una contribución especial obligatoria para toda persona jurídica o entidad en función de sus ingresos. El giro fue sustentado por los legisladores bajo el argumento de que el mecanismo anterior suponía una carga económica adicional para los ciudadanos y no respondía a criterios de equidad ni de capacidad contributiva.
La nueva normativa plantea un fondo para mitigar los efectos negativos de la disposición de residuos y desarrollar un sistema integral de gestión, al tiempo que asigna nuevas responsabilidades a empresas, productores, comercios y gobiernos locales. La ley también endurece las restricciones sobre productos fabricados en poliestireno expandido y prohíbe, desde su entrada en vigor, la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plásticos, así como vasos y cualquier producto de foam que no tenga certificación.
Con el nuevo marco, el foco pasa ahora de la promesa de economía circular a la ejecución real de las medidas y a la capacidad de las autoridades y los gobiernos locales para hacerlas cumplir sin trasladar nuevamente el costo a la población.