La advertencia del presidente Luis Abinader sobre el riesgo de que los ciudadanos cedan libertades a cambio de seguridad o comodidad vuelve a colocar sobre la mesa un debate que también obliga a mirar la actuación del poder frente a esos mismos principios. Al recibir el galardón “Champion of Freedom Award”, otorgado por el Centro Adam Smith, de la Universidad de la Florida, el mandatario aseguró que su gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar transparencia y proteger el Estado de derecho.
La mención al debilitamiento de la democracia en América Latina se cruza con una realidad regional en la que gobiernos han restringido derechos como la libre expresión del pensamiento, la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines pacíficos bajo la promesa de controlar la delincuencia y la criminalidad. A partir de ese planteamiento, la propia advertencia de Abinader refuerza la necesidad de vigilancia ciudadana para impedir que el discurso de seguridad acabe justificando represión política, económica y social, así como ejecuciones extrajudiciales y apresamientos ilegales.
Pese a que el texto subraya la madurez y resiliencia de la democracia dominicana, también reconoce que el peligro de sacrificar libertades por seguridad ha estado presente desde hace muchos años. Como ejemplo directamente ligado a esa advertencia, se citan las más de 360 muertes en los últimos tres años de supuestos delincuentes en alegados intercambios de disparos con agentes policiales, un dato que pone en primer plano la exigencia de rendición de cuentas y el contraste entre la defensa pública del Estado de derecho y unos resultados que siguen generando alarma institucional.