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La UCO pide datos en la sede del PSOE en Madrid dentro de la causa sobre Leire Díez

mayo 27, 2026 · Redactor
La UCO pide datos en la sede del PSOE en Madrid dentro de la causa sobre Leire Díez
Foto: elnuevodiario.com.do

La actuación de la UCO incrementa la presión sobre el partido gobernante en un caso que vuelve a situar bajo examen la gestión de contratos públicos y la rendición de cuentas

MADRID. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaron este miércoles en la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para reclamar información sobre pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, en el llamado «caso Leire», que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La actuación coloca en el centro de la investigación a la estructura del partido oficialista en un expediente que gira en torno a presuntas irregularidades relacionadas con recursos y decisiones de la Administración pública.

La operación también llegó al despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, al tiempo que los agentes registraban los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del empresario Javier Pérez Dolset. Según las fuentes citadas, no se descartan nuevas actuaciones de la UCO, en un escenario que acentúa el desgaste político en torno al partido gobernante.

El juez investiga presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos a través de una trama en la que también estarían implicados el expresidente de la Sepi Vicente Fernández y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, considerado socio de Cerdán. Díez, Fernández y Alonso fueron detenidos en diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, y después quedaron en libertad con medidas cautelares. De acuerdo con la investigación, el grupo se habría valido de su posición e influencia sobre personas vinculadas a la función pública para orientar expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros y obtener comisiones, un cuadro que refuerza las exigencias de fiscalización sobre el manejo de los contratos públicos.