Ante cada crisis, la política dominicana suele activar una secuencia ya conocida: el Gobierno de turno habla de sacrificios, los partidos se sientan a negociar y, al final, la población termina absorbiendo el costo real del ajuste. Ese comportamiento, que se ha visto en la crisis inflacionaria de 1990, la debacle bancaria de 2003, el shock pandémico de 2020 y la presión externa de hoy asociada al alza del petróleo y la incertidumbre internacional, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilar cómo responde el poder cuando se erosiona el poder adquisitivo.
El repaso evidencia que, aunque cada episodio tuvo causas y protagonistas distintos, la reacción de la clase política ha mantenido una constante: dialoga cuando la presión aumenta, pero casi nunca entra al núcleo del gasto político. En 1990, con la inflación desbordada, una caída del PIB de alrededor de 5.5 %, desabastecimiento y filas en las estaciones de combustibles, la salida tomó forma institucional con el Pacto de Solidaridad Económica promovido por Joaquín Balaguer junto a actores económicos, políticos y sociales.
Esa comparación con otros momentos posteriores refuerza una alerta institucional en la coyuntura actual: más allá del discurso de concertación, la discusión de fondo sigue siendo quién asume el costo del ajuste y qué parte del aparato político está dispuesta a revisarse a sí misma. En ese marco, la exigencia de rendición de cuentas y la prioridad sobre el impacto social de las decisiones públicas vuelve a ocupar el centro del debate.