La Procuraduría General de la República dejó en vigencia el Reglamento del Plan de Pensiones Complementarias para fiscales mayores de 60 años y con más de 25 años de servicio en la administración pública, una medida presentada como un logro institucional, pero que también vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de gestión y la obligación de rendir cuentas sobre el uso de recursos en el Ministerio Público.
El anuncio estuvo encabezado por la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, junto al Consejo Superior del Ministerio Público, en un acto realizado en la sede de la PGR con la asistencia de Francisco Torres, titular de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); el juez Alejandro Vargas, del Tribunal Constitucional, y el diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión Permanente de Ministerio Público en la Cámara de Diputados.
En la actividad, Reynoso expresó: “El día llegó, es hoy… Hoy, después de décadas de esperas; meses de consultas, asesorías técnicas, del trabajo de muchos compañeros fiscales… el día anhelado llegó…”. La procuradora también mencionó otros beneficios concedidos en los últimos años, entre ellos el bono de vacaciones, el bono de aniversario, el aporte escolar, el seguro de amplia cobertura, el Premio al Mérito del Ministerio Público y la aprobación del Himno del Ministerio Público.
Ese catálogo de anuncios, sin embargo, refuerza el contraste entre el discurso de fortalecimiento interno y la necesidad de vigilancia pública sobre los resultados concretos de la institución. La entrada en vigor del retiro complementario atiende una demanda de larga data, pero al mismo tiempo obliga a cuestionar si la agenda oficial responde con igual urgencia a las prioridades ciudadanas y al desempeño integral del sistema de justicia.
De acuerdo con lo informado, quienes cumplan con las condiciones establecidas deberán completar y firmar el formulario de solicitud de pensión complementaria, entregar copia de la cédula de identidad vigente y presentar la documentación requerida. Más allá del procedimiento, la medida deja una alerta institucional clara: cada avance administrativo anunciado desde el poder debe ir acompañado de fiscalización, explicaciones precisas y resultados comprobables, no solo de actos y proclamaciones.