La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití muestra un panorama de fragilidad institucional y de protección insuficiente frente a la persecución. Sujetos a la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir negocios, varias familias resistieron durante años bajo el amparo del general Ignacio María González Santín, quien las recibió como dominicanos y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para establecerse de manera definitiva en República Dominicana.
Ese clima de incertidumbre coincidió con el relevo diplomático de 1911. González Santín dejó el cargo de ministro plenipotenciario en Haití a comienzos de marzo de ese año, durante el gobierno de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se demoró hasta el seis de julio, mientras Guarín González siguió como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití atravesaba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que abandonó el país el seis de diciembre.
La presión sobre esos inmigrantes, además, no se agotó con la nacionalidad dominicana: persistió tanto desde el gobierno haitiano como desde comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el caso deja una advertencia institucional vigente: la protección formal no bastó para impedir expulsiones, persecución ni desarraigo, una realidad que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.