La disposición del INTRANT que pretendía volver obligatorio el uso de casco para los pasajeros de motoconchos terminó convertida en una muestra de desorden institucional. Aunque se presentó como una medida orientada a fortalecer la seguridad vial, su aplicación provocó el rechazo de motoconchistas y acabó en un desmentido del director, dejando en evidencia la distancia entre lo que se anuncia y lo que realmente puede ejecutarse.
La Normativa Técnica Núm. 001-2025 partía de un propósito atendible en un escenario donde los accidentes de tránsito involucran con frecuencia a motocicletas y tanto conductor como acompañante quedan expuestos a traumatismos craneoencefálicos. Sin embargo, el problema apareció al llevar la decisión al plano práctico: aunque el texto no decía de forma expresa que el motoconchista debía comprar un casco adicional, la consecuencia efectiva apuntaba a que la carga recaería sobre quien presta el servicio, no sobre el pasajero.
A esa confusión se añadió una omisión básica sobre las condiciones cotidianas del transporte. El uso compartido de cascos por decenas de pasajeros, en un ambiente de altas temperaturas y humedad, abría un problema de higiene y logística que la normativa no resolvía. El episodio, más que un simple fallo de comunicación, vuelve a poner bajo escrutinio la gestión pública del transporte y la falta de respuestas consistentes ante un sistema que sigue mostrando señales de colapso.