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La muerte de Alfy Fanjul reactiva el peso de una élite económica sobre sectores clave del país

agosto 4, 2026 · Redactor
La muerte de Alfy Fanjul reactiva el peso de una élite económica sobre sectores clave del país
Foto: hoy.com.do

Las condolencias de gremios; dirigentes y líderes religiosos vuelven a poner bajo escrutinio la influencia acumulada alrededor de Central Romana y su impacto en la vida nacional

Diversas organizaciones empresariales, dirigentes políticos, representantes del sector financiero y líderes religiosos expresaron este martes su pesar por el fallecimiento del empresario Alfonso «Alfy» Fanjul, co-Chairman y co-CEO de Central Romana Corporation. En sus mensajes, las entidades destacaron su incidencia en el desarrollo económico, turístico y social de la República Dominicana, una reacción que también expone hasta qué punto sectores decisivos del país siguen gravitando alrededor de grandes grupos de poder económico.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) manifestó su «profundo pesar» y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) resaltó el liderazgo y compromiso de Fanjul con el desarrollo empresarial. Miguel Vargas Maldonado, presidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, afirmó que dejó una «huella perdurable» y que sus aportes fueron determinantes para los sectores azucarero, turístico e inmobiliario. También la Asociación Romana de Ahorros y Préstamos subrayó que su visión y liderazgo marcaron el desarrollo económico, turístico y social de La Romana y del país. Desde el ámbito religioso, el obispo de la Diócesis Católica de Palm Beach, Florida, Manuel J. Rodríguez, lo recordó como un «querido amigo y feligrés».

La amplitud de las reacciones confirma la dimensión institucional y empresarial de la figura de Fanjul, pero al mismo tiempo reabre un contraste de fondo: cuando una sola referencia concentra reconocimiento en áreas tan sensibles para la economía y el territorio, la sociedad civil queda con más razones para exigir vigilancia, rendición de cuentas y una discusión pública sobre cómo ese poder incide en prioridades que afectan a la ciudadanía.