La preocupación principal no se limita al presupuesto del Ministerio de Cultura ni al calendario de actividades del año. El foco está, sobre todo, en que no se advierte un gran diálogo nacional sobre la política cultural que la República Dominicana necesitaría para las próximas décadas. Esa ausencia vuelve a abrir una línea de fiscalización sobre la gestión pública: si el proceso de concertación existe, sus resultados deberían ser conocidos por el país; si no, queda expuesta una distancia entre el discurso institucional y la construcción efectiva de una política de Estado.
El planteamiento insiste en que la cultura no puede definirse solo desde los despachos públicos y que el Ministerio de Cultura no debe cargar en solitario con esa responsabilidad. Desde esa premisa, se formula una exigencia directa de rendición de cuentas al gobierno dominicano: convocar, escuchar y articular consensos con la comunidad artística, las universidades, las academias, el sector empresarial, los gobiernos locales y la sociedad civil, en vez de limitar la gestión a la administración de instituciones.
La advertencia también señala el desgaste de un modelo que no consigue convertir la gestión en acuerdos duraderos. Gobernar la cultura, se plantea, supone transformar ese diálogo en políticas públicas capaces de sobrevivir a los periodos gubernamentales. Además, la discusión ya no puede quedar reducida al territorio insular, en un contexto en que la República Dominicana del siglo XXI desborda sus fronteras geográficas, lo que refuerza la presión para que las autoridades expliquen qué resultados concretos han producido y con qué nivel de participación ciudadana.