Tres juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) sancionadas por Estados Unidos presentaron el miércoles una demanda contra el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno, en una ofensiva legal que vuelve a poner bajo la lupa el choque entre el poder político y la justicia internacional. En una corte de Nueva York, Kimberly Prost, de Canadá; Solomy Balungi Bossa, de Uganda; y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, de Benín, sostienen que las medidas en su contra «no tiene precedentes» y buscan «ejercer presión extrajudicial».
La demanda, de 66 páginas, solicita que se levanten las sanciones y alega que castigan a las juezas por decisiones judiciales previas, además de intentar forzarlas a anteponer intereses privados a casos resueltos sobre la base de la ley y los hechos. De acuerdo con el expediente, las medidas son «equivalentes a la pena de muerte financiera», porque les impiden usar tarjetas de crédito, acceder a servicios bancarios y entrar en plataformas como Amazon y Google.
La administración Trump ha impuesto sanciones a por lo menos 11 funcionarios de la CPI, incluido su fiscal jefe, con prohibiciones de viaje y congelación de activos. Muchas de esas acciones han sido en represalia por investigaciones de la corte contra Israel, aliado clave de Estados Unidos. En 2024, la CPI emitió una orden de captura contra el primer ministro Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. Junto con Trump, la demanda incluye a Marco Rubio, Scott Bessent, Todd Blanche y Bradley Smith. Estados Unidos figura, junto a Israel y Rusia, entre los países que no reconocen a la CPI, respaldada por casi todas las democracias occidentales.