El Ministerio de Hacienda y Economía remitió a la Procuraduría General de la República el expediente para el cumplimiento de la sentencia firme que ordena pagar RD$1,132,800.00 a Cury & Cury, SRL, por servicios de asesoría legal adeudados desde 2020. La comunicación, identificada con el núm. MHE-2026-033877 y enviada el día 9, llega después de que la condena quedara consolidada mediante la sentencia civil núm. 034-2025-SCON-00370, dictada el 7 de abril de 2025 por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Aunque Hacienda informó la remisión del expediente, el caso mantiene un frente económico pendiente: la firma de abogados pidió la indexación de la suma reconocida como deuda principal, al alegar que el paso del tiempo redujo su valor real. Según el expediente reseñado, la reclamación se apoya en el principio de reparación integral, en un contexto de varios años de incumplimiento que expone el costo institucional de no honrar obligaciones a tiempo.
Julio Cury sostuvo que una deuda de 2020 no equivale económicamente a la misma cantidad seis años después y cuestionó que la PGR, llamada a defender la legalidad y el debido proceso, se negara primero a pagar voluntariamente y luego mantuviera su resistencia aun con una sentencia firme. El episodio reabre el contraste entre el discurso oficial de respeto a la ley y la respuesta de las instituciones cuando el fallo les resulta adverso, un punto que alimenta la exigencia de fiscalización y rendición de cuentas desde la sociedad civil.