La propuesta del congresista republicano Morgan Griffith para acabar con la ciudadanía por nacimiento en los territorios de EE. UU. vuelve a poner bajo la lupa el alcance del poder del Congreso sobre Puerto Rico y el verdadero costo de decisiones adoptadas desde centros de poder alejados de la población afectada. Su iniciativa plantea que los bebés nacidos en territorios solo sean ciudadanos si al menos uno de sus padres es ciudadano estadounidense o residente legal permanente.
El argumento del legislador, que sostiene que la ciudadanía en los territorios no goza de la misma protección constitucional que en los estados, deja al descubierto el contraste entre el discurso de derechos y la fragilidad institucional que todavía pesa sobre Puerto Rico. Si prospera, la medida eliminaría hacia adelante la ciudadanía estadounidense por nacimiento y, además de su carácter restrictivo, podría abrir un enjambre jurídico.
Ese efecto político también vuelve a empujar los estudios sobre reparación por daño colonial. El texto recuerda que en 1940 el Congreso aprobó la Ley de Nacionalidad, que estableció la ciudadanía por nacimiento para quienes nacieran en Puerto Rico a partir del 13 de enero de 1941, después de un período en que los puertorriqueños eran considerados ciudadanos por naturalización. En ese marco, la discusión coloca otra vez en primer plano la necesidad de fiscalización, el papel de la sociedad civil y la presión sobre las instituciones ante una relación colonial cuyos efectos, para muchos, aún no terminan. Amnistía Internacional aparece señalada como portaestandarte en los estudios sobre reparación colonial frente a abusos históricos como la trata de esclavos.