Keiko Fujimori comenzó su mandato como presidenta de Perú por los próximos cinco años con una agenda enfocada en seguridad, reforma carcelaria y un aumento de 15 % al salario mínimo, que pasará de 1,130 a 1,300 soles. En su primer mensaje también adelantó que solicitará al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, en un inicio que combina promesas de respuesta rápida con nuevas exigencias de vigilancia sobre el uso del poder.
La ceremonia de toma de posesión, realizada en el Congreso durante el día nacional de Perú, significó el regreso del fujimorismo al Gobierno casi veintiséis años después de la dimisión por fax de Alberto Fujimori desde Japón, tras revelarse un gigantesco escándalo de corrupción en su Administración. Antes del discurso, parlamentarios de izquierda abandonaron el hemiciclo al grito de “¡Justicia para las víctimas!” y mostraron fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato del exgobernante, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída de Pedro Castillo.
Fujimori afirmó que recibe un país “marcado por el abandono” y “un Estado debilitado por la improvisación”, con una ineficiencia estatal estimada en 40,000 millones de soles al año, y prometió ajustarse a un mandato de cinco años, “ni un año más”, ante el temor de sus opositores a una eventual perpetuación. La distancia entre ese diagnóstico y la petición de mayores poderes al Congreso deja abierto desde el primer día un frente de fiscalización política sobre seguridad, derechos y capacidad real de gestión.