Los subsidios a los combustibles pueden ayudar a amortiguar crisis inflacionarias, pero también evidencian los límites fiscales de economías dependientes de importaciones y petróleo, advirtieron expertos en un conversatorio en Diario Libre. En ese análisis, los economistas Tomás Lukin, de la Alianza Global de Justicia Tributaria, y Jorge Coronado, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe, relacionaron el alza de los hidrocarburos y la desaceleración económica con la necesidad de contar con mecanismos fiscales y financieros capaces de absorber choques externos sin poner en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.
De acuerdo con Lukin, según la Cepal, América Latina deja de recaudar cerca del 6.7 % de su PIB por maniobras de evasión en ITBIS e ISR, una cifra equivalente a más de 430,000 millones de dólares anuales. Afirmó que esa pérdida limita la capacidad de financiar políticas públicas para el desarrollo, además de salud, educación y derechos humanos, y también erosiona la legitimidad de los Estados para intervenir en la economía. El señalamiento refuerza la presión por una mayor fiscalización sobre el uso de recursos en medio de medidas costosas como los subsidios.
Los expertos plantearon que un déficit fiscal administrable y financiable no resulta necesariamente negativo en tiempos de crisis, siempre que se destine a sostener la economía o a financiar inversiones productivas. “Una cosa es tomar deuda para pagar deuda y otra cosa es tomar deuda para financiar una ruta que va a sacar exportaciones de tu país”, indicó Lukin. Asimismo, recordaron que la dependencia regional de productos básicos y combustibles importados provoca que conflictos internacionales, cierres de rutas marítimas o alzas del petróleo terminen trasladándose a los precios internos, lo que vuelve más urgente la rendición de cuentas sobre cómo se responde al costo de vida.