La confrontación entre Cuba y Estados Unidos entró en una fase de máxima tensión después de que el presidente Miguel Díaz-Canel advirtiera que una eventual intervención militar de Washington contra la isla provocaría un «baño de sangre de consecuencias incalculables». El mensaje llegó en medio de reportes de inteligencia divulgados por Axios, según los cuales La Habana habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán y habría evaluado su uso contra objetivos estadounidenses, incluida la Base Naval de Guantánamo, buques militares y la ciudad de Cayo Hueso, en Florida.
En paralelo, el Departamento del Tesoro impuso nuevas sanciones contra la principal agencia de inteligencia cubana y nueve funcionarios de alto rango, mientras el Departamento de Justicia se prepara para presentar cargos penales contra el expresidente Raúl Castro. La secuencia agrava el contraste entre la defensa pública del Gobierno cubano y el creciente cerco internacional sobre su aparato de seguridad y su antigua cúpula política.
Aunque Díaz-Canel reivindicó en X el «derecho absoluto y legítimo» de Cuba a defenderse y negó que eso pueda usarse como excusa para una guerra contra el pueblo cubano, otros funcionarios endurecieron el tono. Bruno Rodríguez Parrilla acusó a Washington de construir un «expediente fraudulento», y el embajador ante la ONU, Ernesto Soberón, calificó de absurda la hipótesis de un ataque cubano contra Estados Unidos. Aun así, la crisis deja abierto un escenario de mayor vigilancia internacional sobre las decisiones del poder en La Habana y sobre sus consecuencias para la población cubana.