La experiencia de Gallup en distintos procesos electorales vuelve a colocar sobre la mesa un asunto de fondo: la presión que acompaña a las mediciones cuando sus resultados incomodan a sectores políticos y de poder. El texto repasa años de “traición, maltrato y difamación” contra la firma desde 1990 y señala que esos episodios se repiten en cada campaña, en un ambiente donde la descalificación termina sustituyendo el debate sobre los datos.
Según el autor, desde 1996 las diferencias netas de Gallup respecto de las juntas electorales han rondado el 1%, aunque también recuerda que las encuestas no son predictivas ni infalibles. Pese a ello, denuncia ataques de “sicarios radiofónicos de gobiernos y partidos”, como una muestra de cómo el entorno electoral puede degradarse cuando se busca desacreditar información adversa en lugar de someterla al contraste público.
Como ejemplo, recupera uno de los episodios más tensos: una encuesta de 1994 encargada por un grupo allegado a la PUCMM, que arrojó un virtual empate entre Peña Gómez, con 37.8, y Balaguer, con 38%. Más que una anécdota, el caso queda expuesto como una advertencia institucional: cuando los números resultan incómodos, la reacción de actores vinculados al poder puede transformarse en un factor de presión que obliga a reforzar la vigilancia ciudadana sobre la limpieza del debate electoral.