La baja del petróleo por debajo de 73 dólares por barril, tras el entendimiento logrado en Lucerna, Suiza, entre Estados Unidos e Irán, abrió el miércoles 24 de junio un margen inmediato para las finanzas públicas. Con los precios de los combustibles y la tasa de cambio vigentes, ese nivel haría innecesario el subsidio. La semana anterior, cuando el barril estaba en 80 dólares, ese apoyo había rondado los 400 millones de pesos.
Pese a ese alivio, el escenario que explica la caída del crudo sigue expuesto a la incertidumbre. El acuerdo fue planteado como una hoja de ruta de 60 días para cerrar un pacto de paz definitivo, pero el texto subraya que se trata de un entendimiento frágil, sujeto a la actuación de Israel en Líbano y Gaza, al destino del uranio enriquecido y a las declaraciones de Donald Trump. Por eso, el respiro fiscal aparece más como una oportunidad que requiere cautela y vigilancia que como una garantía estable.
La combinación de Plan Anticrisis y petróleo a la baja podría aflojar las cuentas públicas, mantener el déficit fiscal dentro de las proyecciones iniciales y dejar espacio para más inversión pública. Aun así, persiste el contraste de fondo: mientras se insiste en mejorar la calidad del gasto y en darle mayor efecto multiplicador al dinero público, el propio texto recuerda que todo plan anticrisis en materia fiscal tiende a empujar la inflación al alza de forma momentánea. Con una inflación de 5.35 % a mayo y la posibilidad de un leve aumento en junio, la cuestión ya no es solo si el Estado ahorra, sino cuándo ese alivio se traduce en un beneficio verificable para la población.