A dos décadas de la Ley 87-01, el sistema dominicano de pensiones exhibe expansión en cobertura, un fondo acumulado de 1.3 millones de millones de pesos y financiamiento a 189 proyectos por 55,207 millones. No obstante, esos resultados no se traducen en una pensión suficiente para los cotizantes regulares ni para los trabajadores con aportaciones insuficientes, lo que vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad real del modelo para responder a la expectativa de los afiliados.
El balance expuesto reconoce que, aunque el nuevo sistema elevó la cobertura de 9% a 95% de los trabajadores asalariados y a marzo de 2026 había otorgado 37,562 pensiones, los avances “no garantizan una pensión suficiente”. Esa brecha entre la fortaleza financiera del fondo y el ingreso que finalmente recibirían los trabajadores refuerza la presión por cambios urgentes, en un tema de alto costo social para miles de afiliados.
En ese contexto, las Superintendencias de Pensiones y de Salud promueven un anteproyecto de Reforma Integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social. La propuesta plantea elevar la protección y satisfacción de los afiliados, pero el propio texto advierte que omite o soslaya aspectos clave, dejando abierta una discusión que exige mayor fiscalización y rendición de cuentas sobre por qué, después de los recursos acumulados y los años transcurridos, sigue pendiente duplicar las pensiones generales.