La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo, aunque dejó intacta la cesantía laboral, justamente el punto que más tensiones genera entre empresarios y centrales sindicales. El resultado no cierra la discusión, sino que deja avanzar una reforma que todavía no resuelve el aspecto más delicado del debate.
El texto establece en su artículo 86 que las indemnizaciones deben pagarse al trabajador en un plazo de diez días desde la terminación del contrato. Si no se cumple, el empleador deberá asumir una suma adicional equivalente a un día del salario devengado por cada día de retraso. Asimismo, dispone que las indemnizaciones por omisión del preaviso y por auxilio de cesantía no estarán sujetas al pago del impuesto sobre la renta ni podrán ser objeto de gravamen, embargo, compensación, traspaso o venta, salvo en los casos de créditos otorgados o de obligaciones surgidas por leyes especiales.
Además, la propuesta fija en el artículo 91 un plazo de cinco días francos para que el empleador notifique el despido al Ministerio de Trabajo o a la autoridad local correspondiente, y en el artículo 100 establece que el trabajador deberá comunicar la dimisión dentro de las 48 horas siguientes, con indicación de causa, tanto al empleador como a la autoridad laboral. Si esa dimisión no se informa en ese plazo, se reputa carente de justa causa. Con la cesantía sin cambios y nuevas obligaciones formales sobre la mesa, la reforma entra en una etapa en la que queda abierta la discusión sobre su alcance real y su aplicación.